Aragón indemniza con 157.000 euros a una paciente por el olvido de una gasa quirúrgica en su cuerpo

Hospital San Jorge de Huesca. - EUROPA PRESS -

El Gobierno de Aragón ha indemnizado con 157.000 euros a una paciente por las secuelas sufridas tras el olvido de una gasa quirúrgica en su cuerpo, durante la práctica de una operación para extirpar el útero y cuello uterino, que tuvo lugar en enero de 2013, en el Hospital San Jorge de Huesca.

La asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Aragón ha informado en una nota de prensa de que la defensa del caso ha sido tramitada por el letrado Ricardo Agóiz, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de esta organización.

Según ha contado la asociación, esta paciente, operada cuanto tenía 49 años, inició fuertes dolores en la zona intervenida dos días después el acto quirúrgico, manifestando el personal médico que eran normales, por lo que fue dada de alta hospitalaria tres días después, pese a que éstos no remitieron.

Dos semanas después de la intervención, le quitaron las grapas quirúrgicas en su centro de salud y la paciente comentó a la enfermera la continuidad de los dolores, quien la exploró, observando un bulto, por lo que la remitió al Servicio de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, donde no tomaron en consideración lo ocurrido.

Tras acudir a urgencias y a consulta y realizarle ecografías, se le volvió a operar, en abril, y se le extrajo del abdomen una gasa quirúrgica que se habían olvidado en la primera intervención.

OTRAS OPERACIONES

No obstante, la paciente tuvo que someterse a una tercera operación, algo más de tres años después, para extraer restos de la gasa que aún quedaban y una resección intestinal, así como a una cuarta, al año siguiente, por una fístula en cicatriz previa, con exudado purulento y constante y, a una quinta, en septiembre de 2020, por una triple neurectomía inguinal y retirada de granulomas a cuerpo extraño, por laparotomía.

Además, continúa con fuertes dolores abdominales, ha precisado el tratamiento con opiáceos, sufre de una fuerte depresión y tiene la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta para todo tipo de trabajo, en Francia, su país de residencia y trabajo en aquel momento.

Tras presentar una reclamación de Responsabilidad Patrimonial contra el Gobierno de Aragón, ésta fue estimada en la cantidad de 107.000 euros en julio de 2020, pero entendiendo que la cifra no estaba en concordancia con las secuelas, se interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Una vez iniciado el proceso judicial, se llegó a un acuerdo entre las partes –paciente, aseguradora del Ejecutivo autonómico -Mapfre- y Gobierno de Aragón–, por el que la paciente ya ha recibido una cifra final de 157.000 euros.