El Ministerio Fiscal pide sendas condenas de 16 y 8 años de prisión para los dos hijos de la mujer asesinada y emparedada en la localidad turolense de Pozondón, Ángela Y., caso cuyo juicio comenzará el 18 de febrero en la Audiencia Provincial de Teruel y se celebrará con un tribunal del jurado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Ha instruido el caso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. Los acusados se encuentran en prisión provisional desde el 21 de junio de 2019.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos ocurridos son constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de alevosía y un delito contra la Seguridad Social y, acusa a los dos hijos de la mujer asesinada, a Pedro B.Y. en concepto de autor y a su hermana Isabel B.Y. como cómplice. La víctima tenía 87 años en el momento de su muerte, padecía ceguera, alzhéimer y tenía muy limitada su movilidad.
En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía señala que Pedro B.Y. y su hermana, Isabel B.Y., convivían junto a su madre en Pozondón. El primero, señala el Ministerio Fiscal, decidió acabar con la vida de su madre «a la vista de los padecimientos por la enfermedad que padecía, así como las constantes molestias y atenciones que demandaba».
Para llevarlo a cabo, sobre las 23.00 horas del 3 de marzo de 2017, el presunto autor subió a la habitación donde se encontraba su madre y aprovechando su situación derivada de su edad y enfermedad, «le puso una almohada en la cabeza hasta que dejó de respirar causándole de esta forma la muerte».
La hermana del presunto autor «conocía la intención de Pedro cuando subió la noche de autos a la habitación de Ángela y pese a ser la persona que se encargaba habitualmente de sus cuidados, no hizo nada por impedir que su hermano acabara con su vida permaneciendo en la planta baja jugando a videojuegos hasta que fue avisada por este para que le ayudase a esconder el cuerpo de la finada en el armario de su habitación, tal como habían planeado».
Posteriormente, indica el fiscal en su escrito, intentaron quemar el cuerpo «sin conseguirlo ante el riesgo de incendiar la vivienda, por lo que decidieron sellar el armario con cemento».
Tras realizar gestiones la Policía, el 19 de junio los acusados reconocieron que su madre estaba muerta y su cuerpo en un armario de la habitación donde dormía Pedro, según recoge el escrito de la acusación pública.
Además, los acusados no comunicaron el fallecimiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social, «recibiendo mensualmente su pensión» en una cuenta que el presunto autor tenía con la fallecida, indica la Fiscalía.
«Desde marzo del 2017 hasta el mes de junio de 2019 la Seguridad Social desembolsó en concepto de pensiones la suma de 30.755,67 euros, que fue recibida indebidamente por los acusados». La entidad bancaria ha abonado dicha suma a la Seguridad Social y el Ministerio Público ha solicitado que los acusados abonen a la entidad bancaria 30.755,67 euros más los intereses legales.
E.P
