Las Oficinas de Vivienda para cuya creación el Gobierno de Aragón ha firmado sendos convenios con los Ayuntamientos de las tres capitales provinciales servirán para atender a los propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente, ha avanzado este viernes el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.
En respuesta a una pregunta del diputado del PP Joaquín Juste, en la sesión plenaria de las Cortes, José Luis Soro ha recordado que la Dirección General de Rehabilitación cuenta con una partida presupuestaria de 250.000 euros este año para poner en marcha estas oficinas, que ha confiado en abrir «cuanto antes».
«Nos preocupa a todos el acceso a la vivienda y tenemos que ser capaces de ayudar a la ciudadanía en los dos aspectos», ha señalado el consejero, a cuyo juicio no se debe «exagerar ni ignorar» el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, tampoco «colaborar en la campaña para generar miedo».
Ha alertado de «las mafias», de los «criminales sin escrúpulos» que se aprovechan de las personas sin vivienda, que «solo ven esta salida», y ha abogado por «buscar una alternativa habitacional a esas personas» sin vivienda.
Joaquín Juste ha emplazado a Soro a «dar amparo y asistencia a esas familias que pueden ver su vivienda ocupada» y ha pedido que se arbitren medidas «ágiles» porque «el problema existe».
Ha propuesto habilitar una línea telefónica de atención a este colectivo y confeccionar una guía para asesorarles, recalcando que «la solución al problema de la vivienda no puede ser la ocupación», alertando de la «alteración del orden» que supone este fenómeno.
E.P
