Las residencias de la comunidad aragonesa han registrado en enero, coincidiendo con el inicio del proceso de vacunación, 36 rebrotes, con 349 residentes y 102 trabajadores infectados y diecinueve personas fallecidas, según ha detallado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, durante su comparecencia ante el órgano sectorial de las Cortes para abordar la cuestión de los rebrotes en los centros residenciales, a propuesta del PP.
«Afortunadamente hemos mejorado mucho la situación en las residencias gracias a las vacunas», se ha felicitado la responsable del Ejecutivo. Para ello, ha destacado que de esas más de tres decenas de rebrotes, a las que hay que sumar otros diecisiete brotes surgidos antes del inicio de la vacunación, en catorce de ellos sólo se han visto afectados trabajadores y en nueve de los veintidós restantes únicamente hay un residente afectado por foco.
Pese a estos contratiempos, Broto ha aclarado que la vacunación en las residencias, como la realizada ayer en la de ‘Javalambre’, «no se suspende nunca, sino que sigue adelante» pese a haber casos y sólo se deja de vacunar a criterio de Salud a aquel positivo detectado que presenta «síntomas importantes». Así, los últimos datos reflejan que el 93 % de las residencias ya han recibido la primera dosis y el 35 por ciento han completado el proceso de inmunización.
En cuanto a la demanda del PP para «minimizar riesgos», Broto ha asegurado que «no se puede hacer más» tras las medidas de protección dispuestas, la sectorización, los test rápidos y la limitación de visitas y salidas atendiendo al «complicado equilibrio» entre «el bienestar emocional» de los residentes y su protección.
En ese sentido, ha considerado que los test masivos y los medidores de dióxido de carbono trasladan «una falsa sensación de seguridad», y ha advertido de que el régimen normal de visitas aún tardará en llegar. «Lo primero es recuperar la normalidad en las residencias porque ahora se siguen sin poder realizar las actividades en comunidad», ha apuntado.
Críticas del PP por no minimizar los rebrotes
La diputada del PP, Marian Orós, ha criticado que no se haya tomado alguna medida extraordinaria para minimizar los rebrotes durante el proceso de vacunación y ha sugerido opciones como «haber sido más estrictos, realizar test de antígenos o instalar medidores de dióxido de carbono.» En este sentido, ha reclamado que «se refuerce el cuidado hasta la inmunidad de marzo» y ha preguntado cómo afectan los positivos al protocolo de inmunización y por qué no se opta por los test masivos como medida de prevención.
Además, se ha interesado por la situación de la residencia de Ejea, cuyo control ha asumido la DGA y por otras cuestiones como las ayudas económicas, la personalización de los planes de contingencia, el plan de desescalada y la atención psicológica a los trabajadores.
En representación del PSOE, la parlamentaria Pilimar Zamora ha destacado el buen funcionamiento de los centros covid y la mejora de la situación tras el aprendizaje que dejó la primera ola en las residencias.
Loreto Camañes, de Ciudadanos, ha mostrado su preocupación por la transmisión comunitaria en las residencias y ha propuesto usar test hasta alcanzar la inmunidad.
Erika Sanz, de Podemos EQUO, ha puesto el acento en el retraso de la inmunización, que ha achacado al «problema estructural» de que las farmacéuticas tengan las patentes «y ahora pidan más dinero».
Por su parte, Carmen Martínez, de CHA, ha advertido del peligro de pensar que los residentes podrán volver a la normalidad en marzo ante la ausencia de inmunidad en el exterior y ha descartado «bunkerizar» los centros.
Para Esther Peirat, del PAR, las cifras muestran «que algo ha cambiado» y las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón tras la primera ola «están siendo efectivas»
