Los patinetes compartidos no podrán aparcar en las aceras de Zaragoza y llevarán candado físico y digital

El Gobierno de Zaragoza aprueba los pliegos para la explotación de hasta 1.200 patinetes eléctricos compartidos. - CHUS MARCHADOR - Archivo

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes los pliegos que regirán el otorgamiento y la explotación de patinetes eléctricos compartidos en el dominio público municipal. Se licitarán licencias para 1.200 vehículos de movilidad compartida, aunque las empresas que presenten sus ofertas deberán optar a un máximo de 600 y un mínimo de 400.

Estas nuevas autorizaciones sustituirán a las actuales y tendrán una vigencia máxima de tres años, con la posibilidad de prorrogarse durante un año más, por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y las adjudicatarias.

En cuanto a la principal novedad que incluye estos pliegos, Chueca ha detallado lo siguiente: será obligatorio anclar los patinetes en un elemento fijo autorizado una vez concluya el trayecto. Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Movilidad Urbana, está desarrollando desde hace un año un plan para la implantación de aparcamientos en calzada especialmente destinados a bicicletas y patinetes, para «mantener el orden en las aceras» y «mejorar la convivencia entre vehículos y peatones».

Para cumplir esta premisa, los patinetes deberán incluir, entre sus elementos, un candado físico y otro digital que posibilite su correcto anclaje. Lógicamente, también deberán cumplir con las características técnicas y de seguridad que exija la normativa vigente.

La velocidad máxima no podrá superar los 25 kilómetros por hora y deberán disponer de dos frenos independientes, así como de luz frontal y trasera, ‘display’ informativo sobre la velocidad y el nivel de batería, cesta o colgador para poder trasladar bolsas de pequeño tamaño –máximo 10 kilos–, protección antivandálica sobre sus elementos de seguridad esenciales y un sistema de geolocalización.

El pliego técnico establece, como área mínima operativa para este servicio, las juntas municipales y vecinales de Actur-Rey Fernando-Parque Goya, Casablanca, Casco Histórico, Centro, Delicias, El Rabal, La Almozara, Las Fuentes, Miralbueno, Oliver-Valdefierro, San José, Santa Isabel, Distrito Sur, Torreo-La Paz, Universidad y Juslibol.

Las empresas adjudicatarias deberán comprometerse a ubicar un número «razonable» de vehículos en cada una de las juntas municipales y vecinales, con el fin de «originar o descubrir nuevos focos de demanda», tanto dentro como fuera del área mínima operativa. De este modo, se proporcionará la oportunidad de acceder al servicio a toda la ciudadanía, ha comentado Chueca.

Por cada patinete en explotación, las empresas deberán pagar un canon anual de 24 euros, que se liquidará anualmente. Una vez concretada la adjudicación, las empresas tendrán un plazo máximo de seis meses para la colocación y el inicio de la explotación de la flota asignada.

Entre otras obligaciones, destaca también el establecimiento de un servicio telefónico gratuito de atención al cliente en el que cada empresa pueda solventar las incidencias, más allá de las que se puedan resolver a través de la app.

Además, las empresas deberán contratar una póliza de seguro que cubra los posibles daños que pudieran derivarse de la explotación del servicio, tanto para los usuarios de éste como para otros usuarios de la vía pública y terceros en general, así como en bienes públicos y privados. El seguro tendrá una cobertura mínima de 300.000 euros.

PRECIOS ASEQUIBLES

Entre los criterios de valoración, Chueca ha sostenido que se dará «especial» importancia al precio final del servicio para los usuarios, tanto por minuto de uso como los sistemas ofrecidos de abonos y suscripciones. El objetivo del Gobierno municipal es que estos precios «competitivos» hagan «lo más asequible posible» este servicio, ha indicado la consejera municipal.

Asimismo, se valorará el importe económico destinado a la instalación de aparcamientos para VMP y a realizar campañas de buenas prácticas, seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible, con un mínimo de 15.000 euros.