El nuevo Procedimiento General de Atención a la COVID-19 supone la desaparición de las cuarentenas, salvo para profesionales sanitarios y sociosanitarios, quienes, además, las harán más reducidas, al pasar de los siete a los cinco días. Para incorporarse al puesto de trabajo, deberán tener una prueba rápida de antígenos con resultado negativo.
Así lo han explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, y el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, que han dado a conocer el nuevo procedimiento ante la COVID-19, que se ha comenzado a aplicar esta semana.
Se trata de un nuevo modelo de vigilancia y control de la pandemia aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública ante un nuevo contexto de la pandemia de la COVID-19, con una cobertura vacunal de un 91,6% de la población y una prevalencia de un 98% de la variante ómicron, más transmisible, pero menos grave que las precedentes.
Falo ha subrayado que, a partir de ahora, los esfuerzos diagnósticos se centrarán en grupos y ámbitos de mayor vulnerabilidad. Se consideran grupos vulnerables las personas mayores de 60 años, los inmunodeprimidos por determinadas causas y las embarazadas.
Ha esgrimido que esto va a ser así porque existen pautas específicas de tratamiento para embarazadas o se dispone de herramientas terapéuticas para personas inmunodeprimidas «y por eso tiene sentido diagnosticar a estos colectivos».
Por su parte, los ámbitos vulnerables son los centros sanitarios asistenciales y sociosanitarios y los centros con personas institucionalizadas, como residencias y cárceles.
El director general de Salud Pública ha señalado que solo se van a identificar los contactos estrechos en los entornos vulnerables y a quienes se considere como tales se les realizará una prueba a los tres o cinco días.
Otras novedades
Otra de las novedades es que no se van a hacer pruebas de cribado a quienes tengan que ingresar en un hospital para operarse, ni para acudir a determinadas actuaciones asistenciales, salvo que se tengan síntomas o que sean un contacto estrecho, por ejemplo, una persona mayor que va a ingresar por otra patología y provenga de una residencia donde hay un brote de coronavirus.
Por su parte, ni los menores, ni los entornos educativos se consideran personas o entornos vulnerables por lo que se aplicará el mismo procedimiento que para la población en general.
También ha cambiado la definición de caso confirmado y, a efectos de vigilancia y notificación, ya no se tienen en cuenta los resultados de los test de autodiagnóstico y, de hecho, está deshabilitado el formulario de autodeclaración.
El esfuerzo diagnóstico se va a centrar, a partir de ahora, en personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y en los casos graves, considerando como tales los que precisen hospitalización.
Esto supone que las pruebas diagnósticas se indicarán para personas vulnerables o relacionadas con ámbitos vulnerables; a quienes ingresen por infección respiratoria aguda de vías bajas; a quienes haya estado en una región con una variante de interés sin circulación en España; y a la población migrante de reciente llegada al país.
Por otra parte, para los casos leves o contactos estrechos asociados a ámbitos vulnerables las actuaciones se dirigen a recomendaciones de medidas preventivas, como el uso correcto de la mascarilla y una adecuada higiene de manos, reducir interacciones sociales, evitar contacto con personas vulnerables, evitar eventos multitudinarios y realizar teletrabajo siempre que sea posible.
El director general de Salud Pública ha detallado que es un modelo «de transición», que se aplica porque hay una serie de indicadores que lo permiten, con una situación de riesgos controlados o bajos.
