Los sindicatos STEPA, CATA, STEA, SOMOS y la intersindical ISTA han convocado este miércoles, 6 de abril, a las 11.00 horas, una concentración ante la entrada principal del Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, con el lema ‘Contra los despidos ilegales en el Gobierno de Aragón, cumplimiento de la Ley’.
Quieren mostrar así su rechazo a los ceses masivos de interinos en abuso de temporalidad que está llevando a cabo el Ejecutivo de Javier Lambán, «saltándose de manera flagrante» la nueva Ley 20/21 de reducción de la temporalidad aprobada el pasado mes de diciembre que establece precisamente la reserva de los puestos ocupados por personal público temporal abusado con más de tres años en la Administración, para ser incluidos en un proceso de estabilización extraordinario que debe convocarse además este mismo año 2022, han explicado desde STEPA en una nota de prensa.
Este sindicato ha dicho que de los 17.000 interinos en fraude de ley en la Administración autonómica, según su cálculos, unos 10.000 podrían acceder a un puesto fijo mediante esos procesos extraordinarios que prevé la nueva Ley. Sin embargo, cientos de ellos «han sido ya despedidos sin ningún tipo de indemnización, al seguir desarrollando la Administración autonómica ofertas de empleo público de forma fraudulenta e ilegal».
Además, «otros cientos de afectados podrían ser cesados este mismo mes sin ningún tipo de indemnización». Los afectados son sobre todo personas con más de 50 años, en su mayoría mujeres, algunas de las cuales llevan trabajando en situación de abuso durante más de 10, 20 e incluso 30 años.
Procedimiento legal
La conocida como Ley de Interinos obliga a todas las Administraciones a estabilizar las plazas ocupadas por los trabajadores en abuso de temporalidad, aunque establece dos vías: a los que han acumulado más de seis años solo mediante un concurso de méritos –sin oposición– y si este periodo es de entre 3 y 6 años mediante concurso-oposición no eliminatorio «por lo que estos puestos deben primero mapearse y sacarse de todas las convocatorias que no estén todavía finalizadas».
La norma establece el plazo máximo hasta el 1 de junio para definir la relación de puestos y dar a conocer la oferta de empleo extraordinaria.
A pesar del nuevo marco normativo español, y del Derecho europeo que ampara también desde hace años a los trabajadores temporales, el Gobierno aragonés aceleró las convocatorias de oposiciones pendientes, incluyendo las plazas ocupadas por interinos en abuso de temporalidad, un hecho que estos sindicatos y destacados juristas consideran que pueden convertirlas en nulas de pleno de derecho.
STEPA las ha recurrido y apoya las demandas de fijeza de cientos de afectados, que podrían finalmente lograr así el reconocimiento judicial a su demanda de fijeza o bien obtener una cuantiosa indemnización, o incluso ambas. Teniendo en cuenta que pueden ser hasta miles de afectados, el monto total de las indemnizaciones supondría cifras millonarias para el Gobierno de Aragón, ha precisado este sindicato.
Otras comunidades y administraciones en cambio sí han reservado esas plazas y están negociando con los sindicatos las convocatorias extraordinarias.
