Policía Nacional y Guardia Civil exigen a Lambán que rectifique por cuestionar su falta de implicación

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.GOBIERNO DE ARAGÓN

El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, y la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, han mostrado su «profundo descontento y perplejidad» por las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, «en las que pone en duda la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir con las medidas de lucha contra la pandemia sanitaria de la COVID-19» y han pedido una rectificación.

Ambas organizaciones han manifestado en una nota de prensa que estas declaraciones son «completamente intolerables», además de «desafortunadas e irrespetuosas hacía miles de profesionales que han demostrado a lo largo de toda la pandemia una implicación muy por encima de lo exigible».

Por este motivo, JUCIL y JUPOL han reclamado al presidente del Gobierno de Aragón «que rectifique de manera inmediata sus palabras y pida disculpas a los más de 200.000 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales y autonómicas a los que ha faltado al respeto».

Desde las dos organizaciones se ha querido mandar un mensaje de apoyo a todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que desde el inicio de la pandemia sanitaria «han demostrado una implicación máxima en todas las medidas adoptadas para intentar frenar el avance del coronavirus, trabajando muchas veces sin los medios adecuados y poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familias».

Asimismo, JUPOL y JUCIL han indicado que la Policía Nacional y la Guardia Civil «somos un instrumento del Estado y son los Gobiernos los que deben de poner las medidas y nosotros hacerlas cumplir» y han recordado que entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «hay víctimas directas por la COVID-19 como consecuencia de la falta de medios que debía proporcionar la Administración, tal y como indica la Constitución y que no podemos tolerar que su ineficacia sea pagada o evadan su responsabilidad tapando sus defectos en colectivos que saben que no tienen mecanismos de defensa».

EP