Los trabajadores interinos del Ayuntamiento de Zaragoza están en pie de guerra. Muchos de ellos pueden quedarse en la calle después de trabajar décadas para la administración municipal, con 60 años, sin posibilidades reales de conseguir una plaza por oposición, con muy pocas opciones de encontrar un empleo en el mercado laboral.
La situación es fácil de explicar y difícil de entender. El Ayuntamiento quiere relanzar parte del proceso de estabilización del empleo temporal pendiente de los años 2017 y 2018. Y tiene de su parte la ley para hacerlo, el dectreto conocido como «icetazo». Parece evidente, sin embargo, que la decisión es mal intencionada porque a finales de octubre el Parlamento español regulará de una vez por todas la situación laboral de los interinos. Europa ya ha tirado de las orejas a España en este sentido, ya que ha tenido a miles de interinos en fraude de ley.
Y aquí se abren algunas preguntas más allá de este enredo jurídico-administrativo. ¿Es más importante la legalidad jurídica o la justicia social?, ¿qué le sucedería a una empresa privada que tuviera en fraude de ley a centenares de trabajadores durante decenas de años?, ¿cómo es posible que algunos interinos hayan estado décadas en esa situación?
Quizá el equipo económico de Jorge Azcón esté a tiempo de revisar las cuentas del consistorio, cuentas en número rojos, muy rojos. Quizá se puedan ahorrar algunos euros asfaltando 20 calles menos, posponiendo programaciones o proyectos no urgentes. Quizá revisando las cuentas no se queden tirados hombres y mujeres que han dedicado media vida al servicio público de la capital.
Algunos pensamos que por encima de los enredos jurídicos-administrativos están las personas. Y, para colmo, las arcas municipales van a tener que sufragar decenas de indemnizaciones en estos despidos. Vamos, que esto tiene toda la pinta de una doble ruina: la social para las personas afectadas y la económica para el resto de los zaragozanos.
