Zaragoza tiene pendientes de resolver 5.700 expedientes de plusvalía desde 2017

El Ayuntamiento de Zaragoza desde el lateral derecho - EP

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene pendiente por resolver unos 5.700 expedientes del impuesto de plusvalía desde 2017, en concreto, unos 2.700 están comprendidos en el periodo de 2017 –año en el TC ya anuló el pago del impuesto de municipal de plusvalías si la venta del inmueble conllevaba pérdidas– y 2018, y otros 3.000 de ese año hasta la actualidad.

La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha comparecido este jueves para «enseñar al ciudadano los pasos que tiene que seguir«,  tras la aprobación este lunes por parte del Gobierno de España, en Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley con el que se adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula los artículos que establecen su método de cálculo.

La consejera de Hacienda ha considerado importante aclarar este asunto por la «inseguridad jurídica» generada a merced de estas decisiones. «Ya tenemos claro cómo los zaragozanos van a tener que operar el impuesto de plusvalía», ha apuntado.

Desde el 26 de octubre, los grandes ayuntamientos «nos quedamos sin criterio para liquidar» el impuesto de plusvalía, ha dicho Navarro, para continuar que en cuanto el Ayuntamiento de Zaragoza conoció esa noticia, «al día siguiente decretamos la suspensión de la liquidación de plusvalía en tanto en cuanto no conociésemos que iba a hacer el Gobierno de España con este impuesto».

Esta semana el Ejecutivo central ha anunciado un decreto ley «en donde parece que se ha trasladado que se ha solucionado el problema de la plusvalía», ha añadido Navarro, pero «para nada se ha resuelto el problema; este decreto ley es muy perjudicial para los ayuntamientos», ha sentenciado.

DECRETO

El decreto ley cuenta con un nuevo sistema de cálculo de la liquidación de plusvalía y a partir del 10 de noviembre los consistorios españoles ya puede cobrar con ese nuevo sistema.

El decreto establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa. En concreto, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, según ha explicado la portavoz. El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los ayuntamientos.

En definitiva, ha explicado la titular municipal de Hacienda, a partir del 10 de noviembre, todos esos hechos imponibles –compraventas, herencias– los ciudadanos tendrán que liquidar con el nuevo sistema.

Del 26 de octubre al 9 de noviembre, existe «un vacío legal»: Las operaciones que se hayan hecho en ese plazo ningún ayuntamiento «tenemos criterio para liquidar en ese plazo» y, por lo tanto, «no lo vamos a poder liquidar».

En las situaciones anteriores al 26 de octubre, el contribuyente va a tener derecho a no pagar la plusvalía o que se le devuelva el importe que ya ha pagado.